Los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Venezuela

Los derechos territoriales de los pueblos indígenas son, antes que una categoría jurídica, la base material de su existencia colectiva. En Venezuela, la Constitución de 1999 reconoció de forma expresa el derecho originario sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, así como la obligación del Estado de demarcarlas y garantizarlas como propiedad colectiva, inalienable, imprescriptible, inembargable e intransferible.

Un derecho con raíces propias

Para los pueblos indígenas, el territorio no es un bien que se tiene, sino la relación que se es. Es la trama de ríos, montañas, lugares sagrados, áreas de cacería, sitios de memoria y caminos espirituales que sostienen la vida del pueblo. Esta concepción está protegida por estándares interamericanos que entienden la propiedad colectiva indígena como un derecho cualitativamente distinto a la propiedad privada civil.

Marco normativo aplicable

El núcleo normativo aplicable incluye, entre otros instrumentos:

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), capítulo VIII.
• Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI).
• Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
• Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de propiedad colectiva.

Una agenda pendiente

A más de dos décadas de la Constitución, la demarcación sigue siendo una deuda estructural. La presencia de actividades extractivas, particularmente la minería, agrava la vulnerabilidad territorial. La defensa del territorio es, por tanto, una defensa de la vida.